Exministros como José Manuel Restrepo advierten que el cambio podría generar inseguridad jurídica y desincentivar la construcción de nuevos proyectos VIS, al trasladar todos los riesgos de costos al constructor. Por otro lado, expertos como el exministro José Antonio Ocampo respaldan la desindexación, argumentando que los precios deben reflejar los costos reales de construcción. El borrador también propone unificar el tope máximo de la VIS en 135 salarios mínimos para todo el país, eliminando la excepción de 150 salarios para grandes ciudades, lo que también ha generado críticas por su posible impacto en la viabilidad de proyectos en zonas de alto costo.