Esta reclasificación reconocería formalmente su "uso médico aceptado" y reduciría las barreras burocráticas que actualmente obstaculizan la investigación clínica.

A pesar de que más de cuarenta estados ya cuentan con programas de marihuana medicinal para más de seis millones de pacientes, la clasificación federal actual la equipara con drogas sin valor terapéutico, generando una disonancia regulatoria. La orden ejecutiva también pone énfasis en la necesidad de regular los productos de cannabidiol (CBD) y cáñamo, cuyo mercado ha crecido sin estándares claros de seguridad. Para países como Colombia, que ya tienen un marco para el cannabis medicinal, el caso estadounidense subraya la importancia de fortalecer la farmacovigilancia, la formación médica y los estándares de calidad para que el acceso ampliado no genere más riesgos que beneficios.