Mientras Delcy Rodríguez asume como presidenta interina, Estados Unidos busca asegurar sus intereses energéticos, y los líderes de Colombia y Brasil coordinan una respuesta diplomática conjunta.

La intervención, justificada por Washington en la lucha contra el narcotráfico, ha instalado un gobierno de transición compuesto por figuras del propio chavismo, lo que sugiere un cambio de liderazgo pero no de régimen. En este nuevo escenario, el presidente Donald Trump ha declarado una "emergencia nacional" para proteger los activos petroleros venezolanos en Estados Unidos de posibles embargos, buscando estabilizar la producción y asegurar el flujo de crudo.

Las proyecciones económicas apuntan a una posible reactivación de la industria petrolera venezolana, lo que podría beneficiar a economías vecinas como la colombiana. Sin embargo, el país enfrenta una profunda fragilidad económica, con un PIB que es una fracción de lo que fue en 2014 y una inflación galopante. La respuesta regional ha sido cautelosa; los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva sostuvieron una llamada en la que expresaron su "profunda preocupación" por el uso de la fuerza, calificándolo como un "precedente extremadamente peligroso", y reafirmaron que la crisis debe resolverse por medios pacíficos. Paralelamente, el nuevo gobierno venezolano ha comenzado a liberar a presos políticos, un gesto visto como un paso hacia la distensión.