El Gobierno Nacional decretó un sorpresivo aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, fijándolo en $2.000.000 incluyendo el auxilio de transporte. La medida, que triplicó las proyecciones del Banco de la República, ha generado un intenso debate nacional sobre sus efectos en la inflación, el empleo y la estabilidad macroeconómica del país. El ajuste, calificado por Goldman Sachs como «significativamente por encima de las expectativas», motivó a la firma a modificar su perspectiva de política monetaria de un escenario de tasas estables a un nuevo ciclo de endurecimiento. Proyecta aumentos de 50 puntos básicos en enero y marzo, seguidos de alzas de 25 puntos en abril y junio, lo que llevaría la tasa de intervención a 10,75 % a finales de 2026.
J.P.
Morgan catalogó la medida de «terremoto» y «populista», advirtiendo que la inflación de servicios se mantendrá por encima de las normas históricas. Credicorp Capital, por su parte, estima que la inflación podría acercarse al 6 % en 2026.
El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, advirtió sobre las consecuencias negativas, afirmando que «se agrega a los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal». Ocampo también cuestionó al gobierno por qué, «si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo Gobierno». Las repercusiones sectoriales son amplias: Asocapitales alertó sobre un incremento adicional de $200 por pasaje en el transporte público de las ciudades capitales. En el sector de la vivienda, el aumento impactará los precios de los inmuebles y la capacidad de compra de los hogares. Asimismo, el costo de servicios como la vigilancia privada se disparará, ya que un puesto 24 horas podría costar cerca de $19.600.000 mensuales a partir de julio de 2026.
En resumenEl significativo aumento del salario mínimo para 2026, si bien busca mejorar el poder adquisitivo, ha provocado serias advertencias de analistas y gremios sobre presiones inflacionarias, un probable ciclo de alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República, y efectos adversos en el empleo formal, las finanzas públicas y los costos de servicios clave como el transporte y la vivienda.