El análisis destaca que el 75 % de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que han sido intervenidas por el Estado muestran un desempeño deficiente, lo que indica que estas medidas no han logrado estabilizar su operación. Se identificaron problemas persistentes en la gestión financiera, con deudas masivas sin recuperar y pasivos que comprometen la viabilidad de las aseguradoras. Esta mala gestión impacta directamente la prestación de servicios, afectando el pago a hospitales y clínicas (Empresas Sociales del Estado), lo que a su vez se traduce en retrasos en la entrega de medicamentos, cancelación de procedimientos y un aumento en las tutelas por parte de los pacientes. Utilizando un modelo estadístico, la Contraloría estima que la probabilidad de una crisis sistémica pasó de aproximadamente un 30 % en 2019 a un 60,4 % para 2026. De manera alarmante, el informe señala que cinco EPS, algunas con un gran número de afiliados, presentan actualmente probabilidades de crisis superiores al 98 %, poniendo en riesgo la atención de millones de usuarios. La Contraloría concluye que el sistema no puede depender solo de medidas correctivas y necesita un rediseño profundo del modelo de aseguramiento y financiamiento para evitar una interrupción crítica en la atención médica a nivel nacional.