La medida otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para crear o modificar impuestos por decreto, aunque estos estarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Corte Constitucional. El borrador del decreto contempla la reintroducción del impuesto al patrimonio para personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 40.000 UVT, un aumento en el gravamen a los movimientos financieros al 5x1000, y mayores impuestos al consumo de licores, vinos, tabaco y vapeadores. Adicionalmente, se plantea un impuesto especial temporal del 1 % a la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón. La medida ha generado un fuerte debate; gremios como la ANDI han solicitado a la Corte Constitucional suspender una eventual emergencia, calificándola como una “trampa al contribuyente” y cuestionando que se invoque un estado de excepción por un faltante presupuestal. Expertos advierten que imponer una reforma tributaria por esta vía tendrá un camino difícil en el alto tribunal.