Además, su administración designó formalmente al "régimen de Nicolás Maduro" como una organización terrorista, abriendo la puerta a medidas aún más severas. En una serie de declaraciones a través de sus redes sociales, Trump anunció la medida como parte de una estrategia para recuperar lo que describió como "activos robados" por Venezuela a Estados Unidos, incluyendo "petróleo, tierras y otros activos". El mandatario afirmó que "Venezuela está totalmente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", y advirtió que esta presencia militar "solo crecerá" hasta que Caracas devuelva dichos activos. La orden ejecutiva prohíbe la entrada y salida de "petroleros sancionados", lo que en la práctica busca asfixiar la principal fuente de ingresos del gobierno de Maduro. La justificación de Washington se centra en acusaciones de que el gobierno venezolano utiliza los ingresos del petróleo para financiar "narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Esta decisión se produce días después de que fuerzas estadounidenses interceptaran y confiscaran un petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas calificó de "piratería". El anuncio tuvo un efecto inmediato en los mercados energéticos, con los precios del crudo Brent y WTI subiendo más de un 1,4 % ante la amenaza de una reducción del suministro global. El gobierno de Nicolás Maduro condenó la orden como una "grotesca amenaza" y una agresión imperialista, haciendo un llamado a la comunidad internacional a rechazarla. Analistas advierten que un bloqueo de esta naturaleza podría ser interpretado como un acto de guerra y agravaría la crisis humanitaria en Venezuela.