El alcalde Pablo Peña declaró que el municipio estaba “prácticamente tomado” por los subversivos. La Defensoría del Pueblo denunció que los disidentes amenazaron a los habitantes para que abandonaran el casco urbano e instalaron artefactos explosivos en las vías de acceso, bloqueándolas. Ante la gravedad de la situación, la cúpula militar, encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, se desplazó a la zona. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó “el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales”. Este ataque se enmarca en una escalada de violencia en el departamento, evidenciando el control territorial de los grupos armados y la vulnerabilidad de la población civil y la fuerza pública.