Con el aumento de las transferencias, la nueva ley propone trasladar más competencias a los entes territoriales, lo que implica que estos asumirán nuevas responsabilidades. El texto establece los criterios para la distribución de los recursos del SGP y detalla las funciones que corresponderán a cada nivel de gobierno. Además, define principios para la descentralización y crea una institucionalidad para administrar el proceso. Una de las claves del proyecto es la clasificación de los territorios según sus capacidades, con el fin de avanzar hacia una “descentralización asimétrica” que considere las condiciones específicas de cada región. El proyecto ata gran parte de los recursos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), uno de los pilares de la reforma a la salud del Gobierno. La iniciativa comenzará su trámite legislativo en 2026, y si es aprobada, el nuevo esquema de competencias y distribución de recursos entraría en vigor en 2027.