Como consecuencia directa, el presupuesto del próximo año deberá ser recortado significativamente, afectando la financiación de programas y proyectos gubernamentales. Este revés se suma a una derrota similar sufrida por el Ejecutivo el año anterior, cuando el hundimiento de una ley de financiamiento por $12 billones obligó a aplazar gastos. Ante este escenario, el presidente Petro ha advertido sobre la posibilidad de declarar una emergencia económica para aprobar la tributaria vía decreto, una medida que expertos constitucionalistas han calificado como improcedente. En un último intento por salvar la iniciativa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, había manifestado la disposición del Gobierno a revisar la eliminación de algunos de los gravámenes más polémicos, como el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, y el impuesto al carbono, pero estas concesiones no fueron suficientes para cambiar el rumbo de la votación.