Un informe del tabloide sueco Expressen ha desatado una tormenta política en Colombia al revelar la “vida de lujo” que lleva la primera dama, Verónica Alcocer, en Estocolmo, en medio de millonarios, clubes privados y fiestas exclusivas. La controversia se intensifica por la coincidencia de su prolongada estadía en Suecia con la firma del contrato militar más grande de la historia reciente del país: la compra de 17 aviones de combate Gripen E/F a la empresa sueca Saab por 3.1 mil millones de euros (aproximadamente 16.5 billones de pesos). El reportaje, replicado por medios colombianos, describe cómo Alcocer, a pesar de estar separada del presidente y sancionada por la OFAC de Estados Unidos, se relaciona con la élite sueca, incluyendo al fundador de una marca de champán y un magnate de la relojería. Estas revelaciones han alimentado sospechas y cuestionamientos por parte de la oposición, que insinúa una posible conexión entre el estilo de vida de Alcocer y el negocio de los aviones. El presidente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente, calificando las críticas como producto de la “extrema derecha envidiosa”.
Defendió a Alcocer como “una mujer libre, no gasta ni un peso del erario” y aseguró que el intento de “destruir mi familia para debilitarme no funciona”.
Petro también defendió la compra de los Gripen, afirmando que la negociación fue transparente, tomó todo su gobierno y se eligió la mejor opción técnica sobre ofertas de F-16 de tercera mano. Incluso relató haber advertido personalmente al dueño de Saab sobre la prohibición de comisiones. Sin embargo, un análisis del portal El Expediente califica el contrato como un “caso de riesgo extremo”, activando “todas las alertas del manual global de corrupción en defensa” debido al sector, los antecedentes de Saab en otros países y la presencia de la primera dama sancionada en el país vendedor.
En resumenLa revelación sobre el lujoso estilo de vida de Verónica Alcocer en Suecia, coincidiendo con la histórica compra de aviones de combate a una empresa de ese país, ha generado una grave crisis de percepción. Mientras el presidente Petro defiende la transparencia del acuerdo y denuncia una persecución política, la oposición y análisis de riesgo señalan serias dudas sobre la probidad del negocio.