Muerte de al menos 12 menores en bombardeos desata crisis política y judicial
La confirmación por parte de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo de que al menos doce menores de edad murieron en bombardeos recientes contra disidencias de 'Iván Mordisco' ha generado una profunda crisis política y un intenso debate sobre los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El operativo más letal ocurrió el 10 de noviembre en Guaviare, donde fallecieron siete menores reclutados forzosamente, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a pedir perdón públicamente, aunque defendiendo la legitimidad de la acción militar. El presidente Petro, quien en el pasado fue un acérrimo crítico de este tipo de operaciones, justificó el bombardeo como una “necesidad militar inminente” para proteger la vida de 20 soldados que estaban en riesgo de ser atacados por una columna de 150 disidentes. En un mensaje en la red social X, Petro pidió perdón a las madres de las víctimas, afirmando que llevaría “ese pesar” en su conciencia. Sin embargo, su postura y la de su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han sido objeto de fuertes críticas. Sánchez afirmó que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección; lo que mata no es la edad, es el arma”, una declaración que ha sido calificada como una justificación de la muerte de niños en combate. La controversia se agudizó al revelarse versiones contradictorias, pues mientras el ministro aseguró que se tenía información previa de la presencia de adolescentes, el presidente sostuvo lo contrario. Ante la gravedad de los hechos y la denuncia de más casos en Arauca, Caquetá y Amazonas, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, imploró al presidente suspender los bombardeos, una petición que Petro rechazó, asegurando que las operaciones continuarán bajo el DIH. La Justicia Penal Militar y la Procuraduría ya han abierto indagaciones para determinar si se violaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.



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