Este monitoreo preventivo, realizado a través de un modelo analítico que cruza datos del SECOP y otras plataformas estatales, ha generado preocupación en el Congreso. La representante Katherine Miranda denunció la firma de más de 1,5 billones de pesos en contratos presuntamente acelerados en menos de 24 horas, lo que alimenta las sospechas sobre un posible uso de la contratación para favorecer intereses electorales de cara a las elecciones de 2026. La Contraloría ha calificado este hallazgo como su “primera alerta” en el contexto electoral y reforzará la vigilancia para evitar irregularidades durante el periodo de restricciones.