Benedetti argumentó que la Corte no tiene competencia para investigarlo al haber dejado su curul hace más de tres años. Sus declaraciones provocaron el rechazo de la Corte Suprema, que exigió respeto, y la apertura de una indagación por parte de la Procuraduría. La esposa del ministro, Adelina Guerrero, también denunció haber sido amenazada e intimidada por la magistrada Lombana durante el allanamiento.

“Antes de hacerme las preguntas, me amenazó con meterme a la cárcel 30 días si yo respondía de forma incorrecta”, aseguró Guerrero. Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó tanto la “actitud de la víctima, Armando”, como la “actitud desobligante de una juez incriminada por sesgo ideológico”, calificando ambas posturas como “incompatibles con el desarrollo de una justicia independiente”. El caso ha reavivado el debate sobre los límites del poder judicial y la conducta de los altos funcionarios.