La medida se mantendrá “mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe”, operaciones que, según el mandatario, constituyen “ejecuciones extrajudiciales” y violan los derechos humanos. La decisión fue anunciada por el presidente a través de su cuenta de X, donde afirmó que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”. Petro reiteró su autoridad como “comandante supremo de las fuerzas militares” y calificó la medida como una “orden”.

Esta ruptura se produce en un contexto de creciente tensión, marcado por el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe y los bombardeos a embarcaciones sospechosas de narcotráfico que, según el gobierno colombiano, han dejado víctimas civiles. La orden de Petro se alinea con una medida similar presuntamente adoptada por el Reino Unido. Las reacciones no se hicieron esperar: el expresidente Iván Duque calificó la decisión como “una verdadera estupidez”, mientras que el exsenador Juan Manuel Galán advirtió que “Petro juega con fuego”. Expertos en seguridad y relaciones internacionales señalaron que la suspensión podría tener “implicaciones gravísimas en materia de seguridad nacional”, debilitando la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado. En contraste, Washington anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre el atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025, donde murieron 13 policías.

Este acto, visto como una acción unilateral, evidencia la complejidad de una relación que se mueve entre la cooperación selectiva y la confrontación diplomática.