Los uniformados, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, habían sido privados de su libertad el 3 de noviembre durante una operación del CTI de la Fiscalía. El secuestro inicial ocurrió en la vereda Getsemaní, cuando los militares acompañaban un allanamiento en el que se capturó a una mujer.

Cerca de 400 personas, presuntamente presionadas por disidencias de las FARC al mando de alias ‘Calarcá’, rodearon a las tropas y retuvieron a los dos soldados. Tras gestiones humanitarias, los uniformados fueron entregados al párroco de la vereda Morrocoy.

Sin embargo, la situación dio un giro dramático.

Según el general Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, “cuando los vehículos de la OEA iban a recoger a los soldados en el sitio establecido para liberarlos, nos damos cuenta de que la población civil vuelve y los secuestra”. La comunidad ahora exige la liberación de Liceth Daza Hoyos, la mujer capturada durante la operación militar, como condición para entregar a los soldados. El Ejército Nacional rechazó firmemente el secuestro, calificándolo como una violación al derecho internacional humanitario y exigiendo respeto por la vida de los militares. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó los hechos y reafirmó que este tipo de acciones atentan contra los procesos de paz.