Este consenso legislativo, inusual en temas de ciencia y tecnología, busca alinear a Colombia con los estándares de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La recomendación principal de este organismo es separar la promoción de la tecnología de su regulación, para garantizar que la seguridad sea la máxima prioridad. Aunque Colombia no posee centrales nucleares para la generación de energía, sí utiliza tecnologías nucleares a diario en sectores como la salud (medicina nuclear y radioterapia), la industria (ensayos no destructivos) y la investigación.

Además, el país opera desde 1965 el reactor de investigación IAN-R1 en Bogotá.

Hasta ahora, la regulación estaba dispersa en un "mosaico normativo" que resultaba insuficiente para los desafíos futuros, como la expansión de servicios de medicina nuclear o la evaluación de reactores modulares pequeños (SMR).

La nueva ley no obliga a construir una central nuclear, pero sí crea el andamiaje institucional para que el país pueda tomar decisiones informadas y con controles robustos. Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto pasará a dos debates en el Senado. Se espera que la implementación de la ANSN atraiga talento especializado, fomente la inversión en tecnología y fortalezca la confianza pública en el uso pacífico y seguro de la energía nuclear.