Esta postura plantea un complejo escenario diplomático y legal.

Un análisis detalla que un viaje en estas condiciones no es un asunto de voluntad, sino que requiere una serie de permisos excepcionales, incluyendo una licencia específica de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y una coordinación con el Departamento de Estado, la FAA y la ONU. Sin estos permisos, el viaje se torna "un acto imposible —o en un escándalo internacional". La senadora Clara López, en defensa del gobierno, ha enmarcado la situación como un asunto de soberanía nacional, afirmando que ser complaciente con la administración Trump no garantiza un mejor trato arancelario y que no se puede permitir que un gobierno extranjero dicte la política interna. La crisis se profundiza con una campaña en Washington, liderada por los congresistas republicanos Bernie Moreno y Carlos Giménez, que busca imponer más sanciones a Colombia si no se modifica la política antidrogas y se designa a los grupos en negociación como organizaciones terroristas.