Paralelamente, el gobierno estadounidense ha intensificado sus operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, con al menos 15 bombardeos a supuestas 'narcolanchas' desde septiembre, que han dejado más de 50 muertos. El presidente Petro ha condenado enérgicamente estas acciones, llegando a acusar al secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, de cometer un "crimen de guerra".

Además, Petro solicitó la mediación de Arabia Saudita para detener los ataques. Este contexto ha llevado a una ruptura de relaciones de cooperación entre la Casa de Nariño y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con sus contrapartes estadounidenses, manteniéndose únicamente los lazos con la Fuerza Pública. La reunión entre el ministro Sánchez y McNamara, en la que se reafirmó el objetivo de enfrentar la "amenaza común" del narcotráfico, se interpreta como un esfuerzo por preservar un canal de diálogo funcional en un área de interés mutuo, a pesar de las profundas diferencias y acusaciones a nivel presidencial.