El presidente Gustavo Petro ha ordenado al Ministerio de Minas y Energía iniciar la compra directa de oro en las regiones productoras del país, como parte de una estrategia para combatir las mafias, formalizar a los pequeños mineros y aprovechar el alto precio del metal. La medida, que se implementará a partir de noviembre, también incluye la adquisición de empresas auríferas que están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En su anuncio, el presidente criticó al Banco de la República por haber "vendido el oro colombiano y no esté comprando el oro en las regiones", calificándolo como un "gran descalabro financiero". La instrucción busca que el Estado asuma un rol más activo en un mercado dominado por la informalidad y la ilegalidad. El ministro de Minas, Edwin Palma, respaldó la medida y señaló que el 80% de las 70 toneladas de oro que se comercializan anualmente en Colombia, por un valor superior a los 4.000 millones de dólares, proviene de explotaciones informales o ilegales. Según Palma, esta situación genera pérdidas en regalías por aproximadamente 5 billones de pesos al año.
El ministro también lamentó que el Congreso no haya apoyado el proyecto de ley para crear una empresa estatal de minería, la cual considera fundamental para combatir la ilegalidad y aumentar los ingresos de la nación. La decisión del Gobierno se produce en un contexto de precios históricamente altos para el oro en 2025, aunque en los últimos días ha registrado una leve caída desde su máximo reciente.
La estrategia gubernamental apunta a que el Estado capture una mayor parte del valor generado por este recurso natural.
En resumenEl Gobierno de Gustavo Petro busca intervenir el mercado del oro con una política de compra directa para formalizar la pequeña minería, aumentar los ingresos por regalías y desplazar a los grupos ilegales que controlan gran parte de la producción. La medida, que comenzará en noviembre, representa un cambio significativo en la gestión de los recursos mineros del país, aunque su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para operar en las complejas regiones productoras.