El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0858 de 2025 del Gobierno Nacional, que creaba el Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo, lo que representa un significativo revés judicial para la reforma a la salud que impulsa el presidente Gustavo Petro. La decisión del alto tribunal responde a una demanda de nulidad interpuesta por el representante a la Cámara Andrés Forero, quien argumentó que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones al intentar modificar la estructura del sistema de salud sin la debida aprobación del Congreso de la República. El Consejo de Estado acogió la solicitud de medidas cautelares al considerar que la aplicación del decreto podría causar un "perjuicio irremediable" y que el Gobierno habría vulnerado leyes vigentes como la 1122, la 1438, la 100 y la Ley Estatutaria 1751. La suspensión provisional detiene la implementación del decreto mientras se resuelve de fondo la demanda, dejando la norma sin efectos temporales. La reacción del sector salud fue mayoritariamente positiva. El exministro de Salud, Augusto Galán, calificó la suspensión como "una consecuencia lógica de atender la Constitución y la ley", afirmando que el decreto "estaba causando un daño inmediato a la operación del sistema de salud". Por su parte, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, celebró la determinación y subrayó que la norma "politizaba los recursos del sistema de salud".
Silva expresó: "Este decreto imponía una reforma que debía discutirse en el Congreso, no por decreto.
La salud es un derecho fundamental, no un favor".
Néstor Álvarez, de Pacientes de Alto Costo, coincidió, señalando que la norma "reorganizaba el sistema de manera improvisada y sin garantizar beneficios reales para los pacientes". El Ministerio de Salud aún puede interponer un recurso de súplica, pero la medida cautelar permanecerá vigente hasta que haya una sentencia definitiva.
En resumenEl Consejo de Estado frenó temporalmente la implementación del modelo de salud del Gobierno Petro, argumentando una extralimitación de funciones del Ejecutivo al legislar sobre materias que competen al Congreso. Actores del sector salud y organizaciones de pacientes aplaudieron la medida, considerándola una defensa del sistema y de los derechos de los usuarios. Aunque el Gobierno puede apelar, la suspensión representa un obstáculo considerable para una de sus reformas clave.