Esta medida, según el gobierno, busca romper el carácter "elitista y tecnocrático" del ente regulador, aunque expertos del sector advierten que podría comprometer su perfil técnico e independencia.

Otra propuesta central es la solución a la deuda acumulada por la Opción Tarifaria, un mecanismo que difirió alzas durante la pandemia. El proyecto establece que, de manera excepcional, los usuarios de estratos 5 y 6, junto con los grandes consumidores no residenciales, asumirán la deuda de los estratos 1, 2 y 3. La reforma también prohíbe cobros ajenos al servicio en las facturas, exige mayor transparencia en la facturación y establece que las hidroeléctricas destinen un porcentaje de sus ventas a proyectos sociales en los territorios donde operan.