El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión, que lo declara inocente en segunda instancia, redefine el rumbo de uno de los casos más polarizantes de la historia reciente del país y genera un profundo debate sobre la justicia y el poder político. En una extensa lectura, la sala penal del Tribunal desestimó las pruebas presentadas en primera instancia, argumentando que no existía evidencia suficiente para acreditar la intención ilícita del expresidente. Los magistrados consideraron que las interceptaciones telefónicas, una de las pruebas clave, fueron obtenidas de manera ilegal tras un error en una orden judicial, vulnerando el derecho a la intimidad de Uribe. Además, cuestionaron la credibilidad de testigos como los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, señalando "inconsistencias y contradicciones" en sus testimonios.
El fallo también criticó duramente a la jueza de primera instancia, Sandra Heredia, por incorporar hechos ajenos a la acusación y basar su condena en "apreciaciones subjetivas". Tras conocerse la decisión, el expresidente Uribe manifestó: "Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad, mis compatriotas, a lo largo de esta extensa vida pública".
La absolución fue celebrada por figuras del Centro Democrático y aliados internacionales como el senador estadounidense Marco Rubio.
En contraste, el presidente Gustavo Petro rechazó el fallo, afirmando que con este "se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia" y convocó a sus seguidores a recolectar firmas para una asamblea constituyente. Por su parte, el senador Iván Cepeda, víctima reconocida en el proceso, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Su abogado fue enfático al declarar: "Esta batalla no ha terminado".
En resumenLa absolución del expresidente Álvaro Uribe fortalece su figura política de cara a las elecciones de 2026, pero el caso no ha concluido, ya que será llevado a la Corte Suprema de Justicia. La decisión ha profundizado la polarización en el país, con el gobierno cuestionando la independencia judicial y la oposición celebrando una victoria que considera una reivindicación de la justicia.