Según Palma, “el Estado no puede ser un observador imparcial.

Debemos proteger a los débiles”.

Sin embargo, Acolgen y las empresas del sector advierten que la norma atenta contra la libertad de empresa, genera un trato desigual al no aplicar a otras tecnologías como la solar o la eólica, y crea una alta incertidumbre regulatoria que podría frenar la inversión en nuevos proyectos. El gremio sostiene que la obligación es “técnicamente imposible” de cumplir debido a la imprevisibilidad de la hidrología y que neutraliza el papel de la bolsa de energía, diseñada precisamente para gestionar esa variabilidad. A pesar de las críticas y la solicitud de suspender el decreto, el ministro Palma ha ratificado que la medida se mantendrá y que el diálogo con el sector debe partir de propuestas concretas.