La Defensoría del Pueblo ha constatado una situación alarmante que incluye asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas. Ante la escalada de violencia, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, hizo un llamado urgente al gobierno del presidente Gustavo Petro para que intervenga y frene la violencia que amenaza la vida y dignidad de las comunidades afrodescendientes e indígenas. "La vida y la dignidad de nuestros hermanos de las colonias del Bajo Calima se encuentra en peligro, es por eso que hoy levantamos nuestra voz al cielo para se muevan los corazones de las personas violentas y dejen a la comunidad en paz", afirmó el prelado. Insistió en que las autoridades deben actuar con contundencia para defender a la población. La Defensoría del Pueblo ha denunciado que, a pesar de que la comunidad fue reconocida como víctima, el confinamiento persiste sin una respuesta humanitaria oportuna, dejando a las familias sin acceso a alimentos, atención médica y seguridad. La entidad solicitó desde el 23 de septiembre a los Ministerios del Interior y de Defensa, así como a las autoridades locales, acciones urgentes para garantizar el acceso humanitario y activar la ruta de atención al confinamiento. La situación evidencia la vulnerabilidad de los habitantes, quienes se ven atrapados en medio del fuego cruzado y la ocupación de sus bienes por parte de los grupos armados ilegales.