La sanción disciplinaria es vista por la familia como un avance, pero su objetivo principal, una condena penal, sigue lejano. El proceso penal ha estado plagado de obstáculos, incluyendo un conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la ordinaria, que finalmente fue resuelto por la Corte Constitucional a favor de la segunda. Desde entonces, el caso ha pasado por más de cinco fiscales, lo que ha causado retrasos significativos. La Fiscalía imputó al mayor Arenas por homicidio con dolo eventual, pero la defensa de la familia acusa al ente de “no tomarse en serio” el caso. Mientras tanto, el oficial permaneció activo en la Policía durante años, lo que generó críticas por una impunidad de facto. El caso de Brayan Niño se ha convertido en un símbolo de los presuntos abusos de poder y las demoras judiciales en Colombia, representando una prueba para el sistema de justicia en la garantía de rendición de cuentas de la Fuerza Pública.