El presidente Petro reaccionó enérgicamente, calificando los hechos como una "violación profunda de derechos humanos ordenada desde la alcaldía" y a los agresores como "milicias fascistas". Gutiérrez, por su parte, defendió la intervención como una acción necesaria para proteger a los ciudadanos del "vandalismo" y acusó al gobierno nacional de "mandar a hacer" las marchas para generar desorden. La Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente la actuación de los gestores, aclarando que no tienen facultades de fuerza pública, y exigió investigaciones penales y disciplinarias.