La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Nacional declarar la emergencia carcelaria para hacer frente a lo que sindicatos como la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) describen como una "masacre sistemática". La escalada de violencia, que incluye el reciente atentado contra el dragoneante Juan Camilo Palacios en Cartagena y el asesinato de Jimmy Flores Salazar en Cali, parece ser una retaliación directa por los operativos contra la extorsión en las cárceles. Fuentes de inteligencia señalan a alias 'Pipe Tuluá', cabecilla de 'La Inmaculada', como presunto autor intelectual, quien estaría ofreciendo entre 3 y 5 millones de pesos por asesinar a guardianes para presionar su traslado a una cárcel de menor seguridad. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno ha anunciado un plan de choque liderado por el Ministerio de Defensa. Entre las medidas se incluye la creación de un grupo especial de protección, el fortalecimiento de anillos de seguridad en las cárceles y una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre los atacantes. La propuesta más significativa es la evaluación de una modificación al Código Penitenciario para permitir que los guardianes porten sus armas de dotación fuera de servicio. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se explora esta medida para que los funcionarios "puedan tener una defensa propia". En paralelo, el INPEC realizó un megaoperativo en 123 cárceles, incautando 828 celulares y 839 armas cortopunzantes para desarticular las redes criminales que operan desde el interior de los penales.