Estos hechos, que han dejado un saldo de guardianes muertos y heridos, han obligado al Gobierno a tomar medidas de seguridad excepcionales y han puesto de manifiesto la grave crisis que atraviesa la institución. La seguidilla de atentados comenzó en Bogotá, donde el dragoneante Miguel Muñoz Llano fue asesinado y tres de sus compañeros resultaron heridos al ser atacados por sicarios en motocicleta a la salida de la cárcel La Modelo. La violencia se extendió rápidamente al Valle del Cauca, donde el sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) denunció otros dos ataques en Palmira que dejaron dos funcionarios muertos, elevando a 35 el número de miembros del Inpec asesinados, según sus cifras. En un tercer incidente en Armenia, Quindío, un dragoneante fue emboscado por dos hombres en motocicleta tras salir de su turno; aunque el vehículo recibió varios impactos de bala, el funcionario resultó ileso. Ante la escalada de violencia, el Gobierno suspendió temporalmente las visitas en los centros de reclusión de Bogotá y Valle del Cauca. El director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, explicó que la medida busca proteger tanto a funcionarios como a visitantes, ya que las amenazas podrían estar siendo planeadas desde el interior de las cárceles. Por su parte, los sindicatos del Inpec, como la UTP, han calificado la situación como un "plan pistola" orquestado por bandas multicrimen para presionar al Gobierno, y exigen medidas de protección urgentes, como más escoltas y vehículos blindados.