El siguiente paso en el trámite será la citación a Vargas Lleras para que ratifique su denuncia, tras lo cual se notificará formalmente al presidente Petro en su calidad de jefe de Estado. Esta investigación se enmarca en una fuerte confrontación política entre el presidente y la familia Vargas Lleras, que ha incluido acusaciones públicas y respuestas judiciales. De hecho, esta denuncia se suma a un fallo del Consejo de Estado que, por segunda vez, ordenó al presidente Petro retractarse de afirmaciones similares contra Enrique Vargas Lleras, al considerar que vulneró su honra y buen nombre al acusarlo, sin pruebas judiciales, de ocultar deudas en la Nueva EPS. La decisión de la Comisión de Acusaciones se produce después de que Vargas Lleras presentara una demanda penal contra los representantes investigadores por presunto prevaricato por omisión, debido a la demora en tramitar el proceso. Con la apertura de la investigación, se intensifica la presión legal sobre el presidente en un escenario de alta polarización política.