La decisión, de carácter político, está marcada por las tensas relaciones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. La certificación es un mecanismo crucial que evalúa la cooperación de los países en la lucha antinarcóticos y de ella dependen cerca de 450 millones de dólares anuales en ayuda para seguridad y defensa. El panorama es complejo: mientras los cultivos de coca alcanzaron un máximo histórico de 253.000 hectáreas en 2023, el gobierno Petro defiende su gestión argumentando cifras récord de incautación, con más de 2.500 toneladas de cocaína decomisadas en los últimos tres años. Para reforzar este mensaje, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Triana, sostuvieron reuniones con la DEA y congresistas estadounidenses. Paralelamente, el embajador Daniel García-Peña publicó una columna en The Washington Post advirtiendo que “sin la intervención de Estados Unidos, los costos aumentarán y los resultados serán insuficientes”. La situación se ve tensionada por la retórica del presidente Petro, quien ha criticado la política antidrogas de Washington y se ha alineado con Venezuela frente a las operaciones militares estadounidenses en el Caribe. Además, la visita de alcaldes opositores a Washington para advertir sobre los riesgos de la descertificación fue calificada por Petro como una “usurpación de funciones”. Los expertos barajan varios escenarios, desde una descertificación dura, que es poco probable, hasta una certificación con exenciones por interés nacional, que parece la opción más viable para no afectar la alianza estratégica entre ambos países.