A pesar de ser trasladado a un centro médico en Palmira, el funcionario falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades manejan como principal hipótesis una retaliación por su labor en la lucha contra el microtráfico en el municipio. Jiménez también estaba involucrado en procesos de restitución de tierras, otro factor de riesgo en la zona. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, condenó el hecho y anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas sobre el creciente riesgo de violencia en Pradera, donde operan disidencias de las FARC y bandas criminales locales. Según cifras de Indepaz, con este homicidio ya son 114 los líderes sociales y políticos asesinados en Colombia en lo que va de 2025, una estadística que evidencia la vulnerabilidad de quienes ejercen funciones públicas y de liderazgo en los territorios.