Corte Constitucional declara ilegal la intervención a EPS Sanitas y Keralty exige reparación
La Corte Constitucional emitió un fallo histórico que declara ilegal la intervención forzosa de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, ordenando su restitución al grupo Keralty. Esta decisión judicial marca un punto de inflexión en la tensa relación entre el Gobierno y el sector de la salud, abriendo un nuevo capítulo de exigencias y responsabilidades. Tras 17 meses bajo control estatal, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-277 de 2025, determinó que la SuperSalud vulneró el debido proceso al tomar posesión de los bienes de Sanitas en abril de 2024. El fallo anuló las resoluciones que ordenaron la intervención y su posterior prórroga. En respuesta, el grupo empresarial Keralty, dueño de la EPS, emitió un contundente comunicado titulado “Un grito por la verdad, la justicia y la reconstrucción”. En él, calificó la intervención como “ilegal, arbitraria y profundamente injusta”, y la señaló como un “ataque frontal contra los derechos fundamentales de los colombianos”. Keralty afirmó que la medida generó desabastecimiento de medicamentos, colapso en las redes de atención y abandono de pacientes. La compañía exigió al Gobierno el cumplimiento inmediato e integral del fallo, la reparación por el “daño incalculable” causado, el pago de deudas acumuladas para garantizar la estabilidad financiera y el cese de “campañas de desinformación”. El presidente del grupo, Joseba Grajales Jiménez, advirtió que la recuperación de la EPS será una “ardua tarea de reconstrucción” debido al “daño devastador” sufrido, y recalcó que los responsables del proceso deben responder ante los tribunales, pues “el daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad”.



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