Un devastador atentado con un camión bomba en Cali, que dejó un saldo de seis personas fallecidas y más de 70 heridos, ha generado una profunda conmoción nacional y ha puesto en el centro del debate la estrategia de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro. Las autoridades atribuyen el ataque a disidencias de las FARC y han anunciado medidas contundentes para enfrentar la escalada de violencia. El ataque, perpetrado el jueves 21 de agosto en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, fue calificado por el alcalde Alejandro Eder como un “atentado narcoterrorista”. La administración local, en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca, estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente y anunció un plan de intervención cívico-militar en Jamundí, municipio señalado como corredor estratégico para los grupos armados. Además, se ofreció una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. Las investigaciones preliminares, que incluyen el análisis de tres celulares incautados a los primeros detenidos, sugieren que los vehículos utilizados provenían del norte del Cauca y que el plan original podría haber sido lanzar los explosivos directamente contra la base militar, pero uno de los camiones detonó prematuramente.
El presidente Gustavo Petro atribuyó la autoría al frente Jaime Martínez del autodenominado Estado Mayor Central (EMC).
Como respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el fortalecimiento del ‘Bloque de Búsqueda’ para neutralizar a objetivos de alto valor. La gobernadora encargada, María Cristina Lesmes, afirmó que se busca “erradicar el problema que tenemos de seguridad en Jamundí, que afecta a Cali”. La tragedia ha revivido el temor a la violencia urbana a gran escala y ha intensificado las críticas sobre la efectividad de la política de “Paz Total”.
En resumenEl atentado en Cali evidencia la persistente amenaza de los grupos armados disidentes y su capacidad para ejecutar ataques de alto impacto en centros urbanos. La respuesta de las autoridades ha sido inmediata, con la captura de presuntos implicados y el refuerzo de la seguridad, pero el suceso subraya la fragilidad del orden público y los complejos desafíos que enfrenta la estrategia de seguridad del país.
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